El mal uso del cargo público PDF Imprimir E-mail
Escrito por Bruno Faidutti   
Miércoles, 16 de Febrero de 2011 14:45

He sentido una verdadera vergüenza de que exista la posibilidad de que el fallo constitucional a favor de la Cervecería Nacional pueda haber costado un millón de dólares.

Pero peor vergüenza sería que al ser descubiertos los jueces, anulen el fallo constitucional para tratar de limpiar su imagen sobre lo actuado. Este es nuestro país, inseguro, con alto índice de corrupción y ahora con mala imagen hacia afuera.

¿Pueden imaginarse el daño que ocasiona hacia el exterior un mal funcionario con sus actuaciones? Esos malos funcionarios están en todos lados del sector publico por el incremento de la burocracia, la misma que seguirá creciendo mientras gobierne el presidente Correa, ya que él mismo acaba de anunciar la formación del octavo ministerio coordinador, pasando a ser en total 38 ministerios que manejan los tentáculos centralistas del Estado. Estudios especializados en el tema demuestran una alta correlación de la corrupción con el poder burocrático. (Rose-Ackerman, Susan. Corruption and Development. Washington D.C. The World Bank, 1997.)

Como este gobierno quiere controlar todos los recursos productivos, incluyendo los privados -sin tener que justificar al empresario que comete un cohecho- resulta que es costumbre en nuestro país pagar por la administración de justicia. Me explico, no me sorprendería que el fallo constitucional a favor de la Cervecería Nacional sea un dictamen jurídicamente correcto, pero que dormiría en el eterno sueño de lo justo si no existiera un lobby o gestión directa o indirecta con los señores magistrados de la corte. De allí el cheque descubierto de $500 mil por administrar justicia. Pudiéramos decir que la administración de justicia en el Ecuador cuesta, si se quiere resultados inmediatos. En otras palabras, la Cervecería tiene razón pero estamos ocupados con otros juicios; si quieren celeridad hablen con el hermano del secretario de la corte constitucional, parecerían decir los magistrados constitucionales responsables del dictamen a favor de la Cervecería Nacional.

Supongamos que no es verdad, que los jueces constitucionalistas no recibieron el dinero, es más ni siquiera supieron de su existencia, ¿entonces quién cobró el favor por el fallo judicial? Aquí está el otro lado de la medalla de lo ocurrido: la Cervecería Nacional si giró un cheque de $500 mil a nombre de Alfredo Larrea jijón, posible testaferro, de alguien con mucho poder, con la capacidad de ordenar a los magistrados para que dictaminen justicia a favor de su cliente la Cervecería Nacional, demostrándose el control político sobre esa institución.

¿Por qué son descubiertos tan tontamente? Por el simple hecho de que se trata de una multinacional norteamericana y no hay forma de justificar una coima a sus casas matrices, si no es a través de un gasto contable (giro de cheque), siempre y cuando sea por honorarios legales, que a la larga eso fue lo que fue: gastos legales por un fallo judicial. Por un lado, el error fue de la Cervecería Nacional por no haber utilizado uno de sus abogados caros, quedando al descubierto su buen nombre. Y por otro lado, las conexiones políticas presidenciales lograron su cometido: desprestigiar la Corte Constitucional, someterla y perseguirla por corrupta a menos que fallen a favor de la consulta planteada por el poder ejecutivo.

Ahora bien, ¿cuál es la realidad de la justicia en el Ecuador? Son tantos los juicios represados en el país que están a la espera del "lobbying" perfecto para que se despachen a lo largo y ancho de los tribunales del país. Por ello cabe preguntarse: ¿Estaría un empresario extranjero dispuesto a tolerar esta inseguridad jurídica que se vive en el país? La mayoría definitivamente no. No sólo por la mala administración de la justicia sino por otros factores tales como los tributarios que son muy cambiantes, los laborales que son muy costosos y por la inseguridad ciudadana, que hace que la inversión extranjera directa (IED) en el Ecuador sea inmensamente inferior a la de nuestros países vecinos. Dicha inversión en el 2010, estuvo alrededor de $300 millones anuales frente a $8.000 y $10.000 millones de Perú y Colombia, respectivamente.

En conclusión, con la imagen destruida de la Corte Constitucional por el caso de la Cervecería Nacional no sorprende en lo más mínimo cualquier fallo de los actuales magistrados, los mismos que estarán sometidos a la voluntad del poder ejecutivo, so pena de ser perseguidos por corrupción, demostrándose una vez más el colapso de la institucionalidad en el país. No hay institución de poder en el país que no esté al servicio de Correa y su "revolución ciudadana".